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Represión, persecución y criminalización de las luchas sociales en Bolivia

En Bolivia existe una relación inseparable entre el modelo económico,  los proyectos productivos y la represión, persecución y  criminalización de la protesta social.

Carmen de las Nieves, Aliaga Monroy y Angela Cristina Cuenca Sempertegui (COLECTIVO CASA)

Bolivia, es un país que al igual que el resto de los pueblos de América Latina, ha sido víctima de procesos de militarización, persecución y criminalización de los movimientos sociales, de luchadores y  activistas. Uno de los ejemplos más significativos es cuando Estados  Unidos, teniendo como cómplice a los gobiernos de turno y utilizando  como pretexto la necesidad de erradicar el narcotráfico instauró tropas de la DEA 1 en el Chapare boliviano, estas tropas reprimieron, persiguieron y maltrataron a mujeres hombres y niños  en la década de los años 90. Se les estaba permitido detener y  violentar a cualquier campesino productor de coca que sea objeto de sospecha.

Ahora, después de haber logrado con éxito que este tipo de ingentes  militares hayan sido expulsadas; los movimientos sociales sufren una  nueva etapa de persecución que es incluso más grave porque además es menos visibilizada y es ejercida por un Presidente que en otrora  fue considerado un hermano. En los últimos años diferentes  movilizaciones han sido calladas mediante el uso de la fuerza estatal, mediante la violencia y el despojo. Dejando claro que las fuerzas  armadas y la policía no están para brindar seguridad al pueblo, sino para defender intereses económicos y políticos de los poderosos.

La principal característica de estas luchas es que gran parte de estos procesos han sido brutalmente reprimidos por el simple hecho de  estar comprometidos con la defensa de su territorio, de los recursos naturales y de la Madre Tierra; el único objetivo de estos  movimientos sociales ha sido resguardar el medio en el cual viven y del cual extraen lo necesario para mantener a sus familias. Estas luchas son perseguidas sólo por oponerse a un modelo económico  extractivo, porque el interés de los pueblos se contrapone a los  intereses de megaproyectos transnacionales y del propio Estado que están dispuesto a explotar los recursos estratégicos (minerales e  hidrocarburos) a toda costa, incluso atropellando los derechos  colectivos de los pueblos y devastando la naturaleza.

TIPNIS; una amenaza constante

En el año 2011 los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque  Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS protagonizaron una caminata que  duró más de 60 días, durante los cuales recorrieron cientos de kilómetros desde sus comunidades, en la parte oriental de Bolivia,  hasta llegar a la ciudad de La Paz (sede de gobierno) exigiendo ser oídos en sus demandas. Esta lucha fue denominada la XIII Marcha en honor a las anteriores que habían realizado los pueblos indígenas de la Amazonía en el pasado frente a otros gobiernos. El motivo de esta movilización era la exigencia que buscaba evitar que una carretera,  parte del conducto bioceánico hacia el Brasil, pase por el medio del  TIPNIS afectando comunidades y destruyendo hectáreas y hectáreas  de recursos bióticos. Estos pueblos se movilizaron pacíficamente, marchando a pie hombres, mujeres y niños, sufriendo inclemencias  del tiempo, durmiendo en el camino, costeando su alimentación y atravesando todo tipo de dificultades. La respuesta del Gobierno a  esta lucha fue muy dura, en uno de los lugares donde paró la Marcha  (Chaparina), a los marchistas los esperaba un cerco policial de cientos  de oficiales. La protesta pacífica no estaba dispuesta a retroceder en defensa de su territorio y al intentar rebasar el cerco fueron brutalmente golpeados y perseguidos. Las imágenes  mostraron mujeres y niños maniatados, golpeados, con las bocas  selladas con cinta adhesiva, otros tantos y por el miedo huyeron hacia el monte, muchos fueron arrestados y subidos a helicópteros para  obligarlos a retornar a sus comunidades, las familias habían sido  separadas y algunos niños se encontraban perdidos. La población boliviana en esta ocasión reaccionó indignada frente a esta brutal represión, la fuerza popular exigía una explicación y los gobernantes  se lavaban la mano, arguyendo que se desconocía de donde provenía la orden para tal represión.

Hasta hoy en día no se tiene noticias de los responsables de esa  violencia ejercida contra los pueblos indígenas del TIPNIS, gracias al  apoyo popular llegó hasta la ciudad de La Paz rodeada de una inmensa solidaridad de la población. El gobierno, debido a la presión social se vio obligado a  retroceder y a aceptar que la carretera no se construya por el centro del TIP- NIS; sino rodeándolo como era la natural demanda del pueblo de este lugar. Lastimosamente, poco  tiempo después y ya desgastada la movilización el gobierno aprovechó para realizar algunas estrategias y replantear la  construcción de la carretera. En la actualidad esta gran lucha sigue irresuelta y los pueblos del TIPNIS están en alerta sufriendo  constantemente la amenaza de una carretera que devastará su medio
natural y los someterá a un nuevo proceso de violencia.

Mallku Khota una pequeña comunidad: miles de militares

En el año 2012 comunidades ubicadas en el Norte del Departamento  de Potosí, uno de los sectores más empobrecidos del territorio  boliviano, se movilizaron solicitando la expulsión de una empresa minera transnacional canadiense llamada South American Silver. Esta demanda se debía a que esta empresa amenazaba con afectar la  riqueza natural y paisajística de la comunidad de Mallku Khota 2 , sus lagunas, cerros y los nidos de cóndores que en ellos existen.

Aún en fase de exploración, esta empresa había llevado trabajadores que empezaron con las operaciones mineras, trabajadores que  acosaron y violaron a mujeres de la comunidad sin recibir castigo alguno. Este hecho fue la gota que colmó el vaso y así la pequeña comunidad organizada con las otras comunidades del lugar,  decidieron solicitar la reversión de las concesiones otorgadas a la empresa minera, las autoridades del lugar realizaban cabildos y reuniones en las que se decidió efectivamente exigir la expulsión
definitiva de esta empresa. A razón de esto, una madrugada del mes  de mayo del mismo año un contingente policial irrumpió violentamente en las casas de esta comunidad, expulsando a las mujeres que dormían, de sus propios hogares, gasificando a la población y golpeando a los niños; su objetivo era tomar presos a un grupo de dirigentes de las comunidades, no lo lograron gracias al grado de resistencia de la población, como resultado de esto, la comunidad decidió retener a uno de los policías como medida de presión. Este hecho fue denunciado por el gobierno como secuestro, buscando el justificativo perfecto para una nueva incursión policial,  para perseguir a los dirigentes, para que personal de la empresa  golpeara brutalmente al dirigente (Kuraka) Cancio Rojas. En la comunidad se instaló un contingente policial y militar de más de 3 mil  efectivos. Quizá sea difícil para el lector o la lectora imaginarse  semejante episodio, sin embargo la presencia de millares de policías en una comunidad de poco más de 50 familias es inverosímil ¿Qué  tipo de peligro podría significar esta movilización para generar tal represión? Finalmente y debido a la presión la empresa fue expulsada, la resistencia de Mallku Khota triunfó temporalmente pero el  Presidente Evo Morales en este año anunció la posible entrega de  concesiones del lugar a otras empresas transnacionales.

En este caso no sólo se sufrió la brutal represión policial, también se  produjo un proceso de criminalización de la protesta, el principal dirigente indígena Cancio Rojas fue acusado duramente por el aparato legal estatal, detenido por largo tiempo de forma ilegal. Sin recursos económicos necesarios para conseguir una defensa efectiva, hasta la actualidad no se ha logrado solucionar del todo su situación  legal. Mientras muchos delincuentes están en las calles, mientras gobernantes corruptos y autoritarios gozan de libertad en riqueza;  las leyes se volvieron efectivas y veloces para procesar a un dirigente indígena que estaba llevando la voz de su pueblo que le decía no a una transnacional.

Takovo Mora; en vez de consulta, represión

En agosto de este año, los indígenas guaraníes de la Tierra  Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora, se han movilizado  bloqueando un camino, exigiendo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realice el proceso pertinente de consulta previa reconocida por la ley boliviana e internacionalmente por el Convenio 169.

El gobierno no quiso reconocer este derecho a la consulta y está  dispuesto a explotar los cuatros pozos de petróleo en territorio  guaraní, arguyendo que la ubicación de los pozos es de propiedad privada. La protesta pacífica tuvo como desenlace una intervención policial que ingresó al interior de las casas para arrestar a los  dirigentes indígenas en la comunidad de Yaiterenda. En este proceso
reprimieron a los pobladores con una dura gasificación, muchos  comunarios huyeron del lugar escapando de los gases y de la  violencia. Este operativo no sólo afecto la integridad de las familias, sino también se rompieron ventanas y puertas de las casas, se  afectaron vehículos, etc. Incluso el Defensor del Pueblo afirmó que en  este caso hubo un exceso del uso de la fuerza, los movilizados no tenían como defenderse frente a gases lacrimógenos y el uso de  proyectiles. Los policías cercaron la comunidad para evitar que  cualquier comunario pueda “escapar”, lo más grave es que se llevaron presos a personas que ni siquiera estaban participando del bloqueo, llegándose a 27 aprehendidos de los cuales 9 sólo estaban  transitando por la comunidad en el momento de la intervención. Hasta hoy no se tienen avances para conseguir efectivizar la Consulta Previa y el pueblo guaraní ve mellado su derecho colectivo a decidir sobre su propio territorio.

Ley de Minería, aval legal para el uso de la fuerza pública

El mes de mayo de 2014 se promulgó en Bolivia la ley No 535 de Minería y Metalurgia, elaborada solo por actores mineros sin la participación de la sociedad civil, pese a innumerables pronunciamientos y movilizaciones de rechazo por diferentes actores sociales que no fueron escuchados. Esta ley es inconstitucional y  significa un retroceso para el país, ya que si bien se contaba anteriormente con un código de Minería No 1777 aprobado por un  gobierno neoliberal, empresario minero y que vulneraba los derechos sociales y ambientales. Con la nueva ley minera se reproduce el  patrón de vulneración de derechos de los pueblos indígenas a la tierra  y territorio, a la consulta previa libre e informada, tiene una lógica de expansión de la actividad minera sin importar que sean  áreas protegidas o territorios comunitarios, sobrepone derechos  individuales privados sobre derechos colectivos, criminaliza a defensores del territorio.

El artículo 100, otorga derechos de protección y seguridad jurídica para los actores mineros e incorpora legalmente el uso de la fuerza  pública en contra de las comunidades que desarrollen acciones no violentas que rechacen a las actividades mineras en su territorio. Nuevamente se demuestra que los militares y la policía están para  resguardar intereses privados, en un modelo de economía altamente capitalista y lo preocupante es que si bien siempre se ha daba esta  situación, ahora se lo legaliza.

Conclusiones

Estos son sólo algunos de los casos más significativos de represión  violenta a los movimientos que protestan contra megaproyectos que afectarán su medio natural, que protestan en defensa de la Madre Tierra. Algunos de estos procesos de represión fueron presentados como denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo no se ha conseguido hacer justicia.

Pero las luchas pacíficas no sólo son enfrentadas con represión también con división de las propias organizaciones de los pueblos indígenas y persecución de sus dirigentes que no se dejan cooptar.

Los sectores de la población más vulnerables son las mujeres y niños, ellas son parte de la resistencia, son parte de la protesta y son ellas las que se llevan la peor parte en la represión. Hasta ahora no hay justicia para las mujeres violadas en Mallku Khota, ni para las guaraníes golpeadas de Takovo Mora y menos para las pobladoras del TIPNIS que caminaron durante semanas cargando a sus niños para ser  recibidas con brutalidad y la violencia que viene con la ley minera. Es por eso que además de la brutalidad que se ejerce contra los pueblos está la violencia de género ejercida contra las mujeres que va contra todo derecho reconocido por Ley.

Existe una relación inseparable entre el modelo económico, los proyectos productivos y la represión, persecución y criminalización  de la protesta social. El sistema pasará por encima de quien sea para lograr su objetivo de devastación de los territorios en beneficios  económicos de los poderosos. Las fuerzas armadas e instrumentos de  represión no están al servicio de la seguridad ciudadana, están al servicio del capital.
1) DEA Administración para el Control de Drogas, es la agencia del  Departamento de Justicia de Estados Unidos que comparte jurisdicción  con el FBI y que se dedica a la lucha contra el contrabando y el consumo de  drogas en Estados Unidos
2) Mallku Khuta, traducido literalmente del aymara significa “Lago del  Condor”, es el nombre que recibe una de las cuatro lagunas ubicadas a más  de 4200 msnm, en cuyas orillas también está asenta da la comunidad  originaria del mismo nombre. www.colectivocasa.org.bo.