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“No todos estamos aquí: Faltan 43”: La Delegación de Ayotzinapa en Europa

A mediados de 2015, una delegación mexicana visitó varios países  europeos para hablar de la desaparición de 43 estudiantes de  Ayotzinapa, y de la campaña para conseguir que vuelvan vivos.

Cornelia Grabner

Del 16 de abril al 20 de mayo de 2015, una delegación mexicana del estado de Guerrero visitó varios países europeos. Los miembros de  dicha delegación – Don Eleucadio Ortega, Omar García y Román  Hernández – hablaron de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela para formación de profesores de Ayotzinapa, y de la  campaña que se ha llevado a cabo para conseguir que vuelvan vivos. Entre los tres representaban la visión de las familias (el hijo de Don  Eleucadio es uno de los 43 desaparecidos), de los compañeros, como  Omar García, y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, representado por Román Hernández. Hubo también otras  delegaciones que viajaron por los Estados Unidos y por Sudamérica.

Los estudiantes, padres y Y MADRES y el Centro de Derechos  Humanos decidieron hablar a la sociedad civil internacional en lugar  de con los gobiernos cuando las autoridades mexicanas cerraron el  caso de los estudiantes a finales de enero de 2015. “Teníamos que mostrarle a la sociedad internacional que nuestra petición de que los  estudiantes regresen vivos es válida a pesar de que el gobierno dice  que han muerto y de que la cobertura de los medios de comunicación haya disminuido”, explica Hernández. “En la actualidad hay 43 familias en México buscando a sus hijos y nosotros responsabilizamos al  gobierno mexicano.”

El 26 de septiembre de 2014 la policía y tres hombres armados  atacaron a un grupo de estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero. Mataron a seis personas e  hirieron a otras veinte. Después la policía se llevó a 43 estudiantes.  Desde entonces sus familias, compañeros y el público general  desconocen su paradero. En enero de 2015 las autoridades  mexicanas publicaron el resultado de su investigación: policías  corruptos entregaron a los estudiantes a una banda de narcotraficantes que los asesinó, incineró los cuerpos bajo la lluvia en un vertedero de Cocula y arrojó los restos de los estudiantes a un río. Las pruebas son un diente y un fragmento óseo de uno de los  estudiantes, Alexander Mora Venancio, encontradas en el río y los testimonios de las personas detenidas (entre ellas, policías) acusados  de delitos como el secuestro, la extorsión y delitos relacionados con  el tráfico de drogas. Nadie ha sido acusado de “desaparición forzada”  que es un crimen de lesa humanidad y podría ser investigado por  tribunales internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un equipo de cinco miembros a la región en la  primavera de 2015 que recomendó que el gobierno continúe con la búsqueda de los estudiantes, continúe con la investigación
y abra nuevas líneas de investigación como el interrogatorio
de los miembros del 27o Batallón de Infantería del ejército mexicano;
que además proporcione una mayor atención a las víctimas e introduzca públicas que acaben con las políticas causas de las desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es un crimen atroz. Agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el  apoyo o la aquiescencia del Estado – esa es la definición establecida  en los acuerdos internacionales de derechos humanos – secuestran a  sus objetivos y los trasladan a lugares fuera de la ley, como los centros de detención clandestinos. Las autoridades se niegan a proporcionar  información sobre su paradero y así, tanto los “desaparecidos” como  sus allegados dependen, cada uno a su manera, de los autores del  delito y de sus cómplices para sobrevivir o recibir información. La  desaparición forzada crea una suspensión que ondula a través de la red emocional y política de los secuestrados. El escritor y activista Urs Fiechtner de Amnistía Internacional Ulm ha trabajado y publicado  sobre el tema de los secuestros forzados desde principios de los años  70. Con respecto a los últimos 45 años, identificó dos grandes  cambios: en la actualidad es más difícil demostrar la culpabilidad de los autores del crimen, y la opinión pública se vuelve contra las  víctimas con gran facilidad. Según Fiechtner, durante los años 70 y 80 en Sudamérica, la responsabilidad de los respectivos gobiernos en las  desapariciones forzadas estaba bastante clara. Empezando desde  Colombia y hacia el norte, la responsabilidad del gobierno siempre ha  sido borrosa debido a que algunas desapariciones forzadas eran  llevadas a cabo por actores no estatales, y la conexión entre los  grupos paramilitares o el crimen organizado y el Estado es difícil de  demostrar. En el siglo XXI, la falta de claridad se convierte en una característica típica de las desapariciones forzadas. Claudio García,  uno de los encargados de organizar la visita de la delegación al Reino  Unido, habla de esto dentro del contexto mexicano actual: “El Estado  neoliberal obedece al capital transnacional”, dice, “los gobiernos en las empresas privadas y en ocasiones utilizan los cárteles. No  debemos olvidar que los cárteles funcionan como empresas, con la excepción de que lo hacen fuera de la legalidad. Ahora estamos  tratando con el Estado, capital transnacional y corporaciones, y con el crimen organizado. Las líneas qules separan suelen ser borrosas y el caso de Ayotzinapa es un ejemplo de ello.” El gobierno sigue siendo  responsable de la protección de sus ciudadanos, pero los gobiernos neoliberales a menudo se niegan a actuar acorde a esta  responsabilidad.

El segundo cambio se refiere al debate público. Con el inicio de la  llamada “guerra contra el terrorismo” y la difusión de las conocidas  como “guerras contra las drogas”, gente que se manifiesta en contra  del status quo cuando entraña la violación de sus derechos o  principios, son agrupados con terroristas y criminales. A finales del siglo XX, los activistas podían apuntar a las víctimas de las  desapariciones forzadas como aquellas personas que habían resistido la opresión y luchado por la justicia. Hoy en día, existe un clima público en el que las víctimas se convierten fácilmente en  sospechosos y se les culpa: se mezclaron en “algo”, ya sea el crimen organizado o hechos difusos metonímicamente conectados con el  “terrorismo”. Esto ha derivado en lo que Fiechtner describe como una  “despolitización perversa de la persecución política en el debate  público”, y facilita lo que Román Hernández llama, en referencia a  estudios recientes, la “victimización secundaria”: se responsabiliza a las víctimas de las desapariciones forzadas, o a aquellos que les  buscan, de las atrocidades cometidas contra ellos. Esta es una  característica muy clara en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa –  tan clara que Claudio García identifica la denuncia de culpabilizar a las víctimas como uno de los elementos principales de la visita de la delegación.
Estudiantes de las escuelas rurales normales como la de Ayotzinapa  se resisten al status quo neoliberal. Los valores pedagógicos de estas  escuelas promueven las identidades culturales y modos de vida  rurales y atiende a las más pobres y, a menudo, a las zonas más remotas del país; en algunas zonas, como en Guerrero, la media de  escolarización es de 2,5 años. El programa escolar incluye  producción agrícola, cultivos locales, educación física, pedagogía, conocimiento  académico y educación cívica.
Una vez que se encuentran en sus puestos, los profesores facilitan el  desarrollo autónomo de las comunidades locales, el empoderamiento  cívico y, cuando es necesario, participan en la  organización política y tratan con las autoridades. No evalúan el  rendimiento e imparten conocimientos especializados. Además, Ayotzinapa se encuentra en una zona rica en recursos naturales,  entre ellos el agua y el oro. La explotación de estos recursos es la principal prioridad de las élites transnacionales, de los que están en el  poder a nivel local y del gobierno mexicano – a expensas de la  destrucción de la integridad cultural, social y territorial de la ruralidad que los normalistas promueven y protegen. La escuela ha apoyado las  luchas de las comunidades de los alrededores, entre ellas la  resistencia a un proyecto de una presa hidroeléctrica conocida como La Parota, minería a cielo abierto por parte de empresas  transnacionales y los intentos comunitarios de tomar el control de la seguridad en los lugares donde el Estado la abandonó a manos del  crimen organizado.

El compromiso de los estudiantes con la dignidad de la población  rural, y a menudo indígena, les arroja contra todos aquellos para quienes las regiones rurales de Guerrero son sólo un trozo de terreno  del que se pueden extraer recursos naturales para el beneficio de las áreas metropolitanas y la especulación de los extractores, y que quieren crear la población desposeída, careciente de poder y maleable necesaria para proporcionar mano de obra  barata. Esto incluye el Estado neoliberal, los que están en el poder a nivel local, el crimen organizado y las empresas transnacionales. Retratando a los estudiantes y sus familias como vándalos, rebeldes y alborotadores es una manera de distraer a la opinión pública nacional e internacional del vandalismo social, ecológico y político – que a  menudo ni se observa ni se relata – cometido por otros bajo la mirada pública.

El viaje de la delegación concluyó con una manifestación en Londres  el 19 de mayo de 2015. Desde entonces, en toda Europa se han llevado a cabo acciones que se oponen a culpar a las víctimas y que  exponen las acciones y omisiones del gobierno mexicano. En su  última visita a Bélgica y Holanda, el presidente Enrique Peña Nieto  fue recibido con una “malvenida” por activistas. Colectivos e  individuos firmaron una carta al presidente francés François  Hollande, exigiendo que retirase su invitación a Peña Nieto como invitado de honor a las celebraciones del 14 de julio. El año 2015 es el  año Reino Unido-México, que se supone debe intensificar las  colaboraciones entre ambos gobiernos. Estas colaboraciones – algunas de las cuales se encuentran en el área de “seguridad” – tienen que ser expuestas, como dice Hernández: “Le estamos pidiendo a la
gente que investigue y exponga la complicidad de los gobiernos  europeos con el gobierno mexicano, y que exija el fin de dicha complicidad.”
Si las sociedades civiles y organizadores del Reino Unido y México  intensifican sus nuevas y antiguas relaciones de solidaridad, la visita de la delegación puede marcar un nuevo comienzo basado en las  afinidades entres las distintas culturas, como esperan tanto Claudio García como Román Hernández. Un momento crucial de la visita de la delegación fue cuando Don Eleucadio Ortega se levantó de la mesa  donde estaba sentado con los otros miembros de la delegación y los intérpretes durante una reunión pública.
Con la foto ampliada de su hijo delante de él, y muy firme, el agricultor  de café trilingüe, que ahora vive en la escuela de su hijo,  habló en uno de sus dos idiomas indígenas. Nadie sabía traducir sus  palabras – ni su amor y angustia tampoco. Sin embargo, en este encuentro cara a cara, facilitado por el viaje de la delegación y los  entregados organizadores locales, pudimos sentir la intensidad que fluía de sus palabras. “Es gracias a gente como Don Eleucadio que  podemos apreciar el mundo de diferentes maneras”, dice Claudio García. Cuarenta y tres personas que aprecian, cada una a su manera,  un mundo con el que quieren acabar los que están en el poder, han  sido secuestradas. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de  traerlos de vuelta. Vivos.