5 temas por debajo de ese Chile obligado a votar.

A nadie importa realmente el gobierno de Boric. A nadie, es decir, salvo a una cuanta gente ingenua y muy motivada políticamente, pero al común de la gente el gobierno Boric no les ha movido ni un pelo. Ha sido más de lo mismo porque no ha podido ser otra cosa. El mismo origen de ese gobierno daba claridad sobre esa incapacidad: la firma del acuerdo parlamentario en noviembre de 2019 para salvar al gobierno de Piñera II y a la institucionalidad. Lo logró, es decir esa tarea, la tarea fundamental de dar más aire a una institucionalidad en la UTI, la cumplió. Ya no está en la UTI, pero si en cuidados intensivos. Tan intensivos que vienen a reanimarla un descendiente de nazis por un lado y una comunista militante por otro. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás dentro del marco institucionalista está finiquitado. Por ello lo igualmente institucionalista pero menos “quemado” como Jara y Kast vienen a cumplir otra vez la tarea de salvar lo que el común de la gente, con toda su gran incoherencia de demandas y esperanzas, quiere acabar: ese Chile tan intrínsecamente neoliberal democrático seductor que reduce la vida a un endeudamiento eterno para ver la vida como espectadores.

La base histórica de esta crisis institucional sin solución pero con oxigenación traqueal es ser una repetición repetida. No una copia, sino una repetición que se recrea a la vez. Eso, la misma cosa pero un poquito más la misma cosa: Boric es más la Nueva Mayoría que la nueva mayoría, y la nueva mayoría fue más la concertación que la concertación por el lado “socialmente sensible” de la política chilena. Kast es más el Piñera II que Piñera II y Piñera II fue mas Piñera I que Piñera I, quien a su vez era más la concertación que la concertación por el lado empresarialmente sensible de la política, aunque claro el lado socialmente sensible nunca dejó de ser también empresarialmente sensible. Y Jara será más Boric que Boric. Y también más Piñera que Piñera. Lo mismo para Kast. El propósito de la política partidaria chilena es sostener lo institucional chileno pese a las crisis y contra las demandas sociales por un acuerdo histórico respecto a la forma que el Estado chileno desarrollaría tras el ciclo revolucionario/reaccionario que fue desde el gobierno Frei Montalva hasta la dictadura de Pinochet y sus secuaces. Ni extremismos ni autoritarismos genocidas, solo una democracia basada en el consumo, la autosatisfacción nacional y el desarrollo por vía de las tercerizaciones públicas y el endeudamiento familiar. Subsidios para aminorar el daño, y bonos como calmantes que hagan aguantar la sobreexplotación propia de la vía chilena al consumismo. Un ciclo de permanente repetición: a tu línea de metro le agrego otra más: gran negocio privado internacional financiado por el valor del pasaje obligatorio para las trabajadoras y trabajadores.

La obligatoriedad del voto como un castigo social entendido como la obligatoriedad del voto bajo una inscripción también obligatoria por automática y universal rompió lo poco de equidad social y política que el institucionalismo resguardaba en el ámbito de la participación política: una salida para dejar espacio a la disconformidad. Así cuando el voto era obligatorio, la inscripción electoral era voluntaria. Y cuando se hizo obligatoria y automática la inscripción, se quitó la obligatoriedad. Entre el temor a la baja convocatoria electoral y ciertos negocios no declarados de la financiación de la política electoral, hicieron que obligatoria del todo la participación electoral, bajo penas de multas en dinero y, consecuentemente, cárcel. Bajo obligación, no es participación: es castigo. Ese espíritu castigador ha venido apareciendo en la construcción social del institucionalismo chileno, teniendo a la persecución de la evasión en el transporte público como uno de sus más accidentados esfuerzos. La reforma del transporte público de Santiago eliminó, mediante el uso de tarjetas de pago, la capacidad de negociación que cada pasajero tenía con cada chofer en caso de necesidad. La empresarización mediante el Transantiago y la conexión con el metro volvieron imposible esa negociación y la respuesta social a eso fue evadir. Primero tímidamente, luego como un herramienta de sobrevivencia en forma de acción directa. De hecho, una evasión masiva provocó la más grande crisis institucional de las últimas décadas: la eclosión del proceso revolucionario en el estallido social de octubre de 2019. La obligatoriedad autoritaria que impulsa el institucionalismo chileno hasta el momento solo alienta crisis, nunca soluciones. Obligar a votar lleva a votar contra quien se siente responsable de esa obligatoriedad.

El abanico político chileno es autoritario, elitista y de claque, solo se ha abierto cuando ve amenazado su elitismo y solo por ese momento. No hay una historia bonita y romántica, apenas negociadora, por ejemplo, del aumento del porcentaje de la población habilitada a votar en Chile. Por esas negociaciones se abrió a incorporar a las mujeres al voto, a las personas analfabetas, a rebajar los límites de edad, siempre poniendo un límite: la necesidad de inscribirse. Hoy, sacadas las cuentas, el descontento con forma de no participación electoral ha llevado a convertirlo en una obligación universal. Antes de eso, los experimentos de paridad electoral, de listas de independientes, de representación garantizada de los pueblos originarios, surgidos de la necesidad de negociar con quien fuese (incluso con fantasmas o fantasías) fueron terminados y hoy en el Congreso se avanza para limitar el acceso al parlamento mediante un par de iniciativas de ley al respecto, y eso incluye limitar la capacidad de “ rebeldía” en su interior, es decir la capacidad de los parlamentarios de abandonar el partido por el cual fueron electos (incluso si se trata de rebeldía de derechas).

La rebeldía siempre aparece y, por ende, toda esta obsesión por la obligatoriedad y el castigo institucionalista no solo es improductiva, es sobre todo contraproducente para un institucionalismo agotado al extremo por falta de legitimidad. La legitimidad que da la sensación de tener una vida que vale la pena vivir. Esa sensación para una inmensa mayoría no existe y solo existe la inseguridad de ser consumidos por el endeudamiento crónico y el exceso de trabajo y de tiempo destinado a transportarse a ese trabajo. La rebeldía ante eso sucede según las circunstancias que existan. Desde un estallido social a una indignación a una corrupción que sólo sirve a los poderosos. Esa rebeldía puede tomar, por ejemplo, la forma de una corrupción generalizada, socavando otro de los mitos del institucionalismo chileno: la limitación de la corrupción, que según muestra la prensa parece ser algo generalizado en la élite que administra la administración del país. No hay salida si se insiste en salvar una institucionalidad país que se repite en las mismas represiones a quienes luchan por sus tierras, a quienes defienden el agua, las montañas, a quienes tratan de autogestionar su vivienda ante la avaricia del negocio inmobiliario, a quienes quieren frenar todos los extractivismos que nos dejan sin agua, sin minerales, sin bosques, sin ríos, sin nieve ni glaciares en la cordillera, sin peces en el mar y con exceso de policías, armas y militares. No hay solución posible en la esperanza electoral porque no es esperanza ninguna salvo para quienes quieren colocarse como una administración pública bien pagada. Hay un agotamiento que requiere de una creativa, valiente y osada rebeldía que se niegue a sostener lo que no funciona; esta forma de llevar Chile que nos maltrata y daña sin consuelo.

Pelao Carvallo, 11 de diciembre de 2025, a días de lo mismo. Integrante del Grupo Clacso de Trabajo sobre Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencias y de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (Ramalc)