Un hemisferio bajo asedio
América Latina y el Caribe atraviesan uno de los períodos más peligrosos en la memoria reciente. La intervención militar estadounidense en Venezuela en enero de 2026—que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y en ataques directos sobre territorio venezolano—ha destruido lo que muchos asumieron era una época en la que las intervenciones militares directas en el hemisferio habían quedado relegadas al pasado. La operación, enmarcada como lucha contra el narcotráfico, en la práctica ha reinstaurado la Doctrina Monroe como política operativa, con la administración Trump declarando explícitamente su intención de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental.
Este no es un evento aislado. Es parte de un patrón más amplio de militarización en toda la región: Estados Unidos ha llevado a cabo más de 30 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico desde septiembre de 2025, con al menos 114 personas asesinadas; ha expandido operaciones militares a Ecuador bajo el nombre “Operación Exterminación Total”; ha impuesto un bloqueo petrolero devastador a Cuba que provoca apagones masivos, escasez de alimentos y muertes en hospitales; y ha designado a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, mientras proporciona inteligencia para operaciones militares dentro de México, incluyendo la operación de febrero de 2026 que mató al líder del CJNG “El Mencho”—desencadenando aproximadamente 250 bloqueos de represalia y una ola de violencia en múltiples estados mexicanos.
Dentro de México, donde RAMALC propone realizar este encuentro, la situación es igualmente grave. Más de 130,000 personas han sido desaparecidas desde 2006, la Guardia Nacional ha sido transferida al control militar, las ejecuciones extrajudiciales continúan, y la “guerra contra las drogas” se ha convertido en un ciclo autoperpetuante de violencia que militariza cada vez más la vida civil. Mientras tanto, las personas defensoras de derechos humanos, las protectoras indígenas de la tierra y las periodistas enfrentan amenazas, criminalización y asesinatos crecientes—como lo documentan Human Rights Watch, ACLED y numerosas organizaciones regionales.
En Centroamérica, la criminalización de la protesta social continúa. En Guatemala, autoridades comunitarias indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán han sido detenidas bajo cargos de terrorismo por defender la gobernanza comunal. En El Salvador, el estado de excepción permanente ha resultado en detenciones masivas arbitrarias. En Honduras, las personas defensoras del medio ambiente siguen siendo asesinadas con impunidad. Toda la región enfrenta lo que las organizaciones antimilitaristas han llamado una convergencia de “militarismos viejos y nuevos”: intervención imperial, narcoparamilitarismo, militarización estatal y la instrumentalización de los sistemas legales contra los movimientos sociales.
La región sufre una ola de gobiernos autoritarios que profundizan el sufrimiento de los ecosistemas regionales que incluso fueron impulsados por gobiernos de signo izquierdista y progresista, afectando con ello a comunidades campesinas e indígenas al mismo tiempo que aumentan la represión militarizada y la negación de derechos a mujeres y niñas usando para ello el fantasma de la “ideología de género” llegando en países como Paraguay y Argentina a prohibir la palabra género en la educación formal.
La experiencia de resistencia e iniciativas constructivas de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe ha enfrentado este proceso de radicalización de los autoritarismos en todas sus variantes (derecha, izquierda, progresismo, conservadurismo, etc) desde su inicios, articulando y fomentando iniciativas que desde lo comunitario y local reviertan creativamente el núcleo homogeneizador, explotador y ecocida de los autoritarismos que padece la región.
