México – tan lejos de la paz y tan cerca de Estados Unidos

Igor Seke

La “guerra contra el narco” estalló en México a finales de 2006 cuando Felipe Calderón, con tan solo 10 días como Presidente, lanzó el Operativo Conjunto “Michoacán” para combatir la delincuencia organizada. Se produjeron mínimo 60 mil muertes vía ejecuciones, enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y combates con las fuerzas federales. Esta cifra “preliminar” circula como “oficial”. Pero, investigaciones independientes dicen que desde 2006 a 2012 hubo 136.000 muertes, 116.000 mil víctimas de la guerra contra el narco y 20.000 por delincuencia común,1 añadiendo 26.000 personas desaparecidas2.

Con Enrique Peña Nieto los asesinatos y las desapariciones forzosas continuaron. En sus primeros 6 meses, las muertes sumaron otras 6.250 personas3, alrededor de 1000 muertos al mes.
Investigar estos crímenes tiene un costo muy alto. México es el 5to país más peligroso para el periodismo en el mundo, y el más peligroso para periodistas en todo el continente americano según informe sobre libertad de opinión y expresión de ONU. 56 homicidios de periodistas, sumado a 16 periodistas desaparecidos en los primeros 6 años de la “guerra contra el narco”. Otros fueron desplazados u obligados al exilio bajo amenaza.

El costo económico de la guerra

La guerra, aparte de las muertes, también trajo el aumento del gasto para la seguridad pública. Entre las primeras decisiones de Enrique Peña Nieto, estuvo incrementar el presupuesto de Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) en 500 millones de dólares para compra de armas y “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico” y “hacer más eficientes las actividades en las vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”.4

Los gastos militares de México son relativamente bajos, el 0.4% del PIB. Pero, varias entidades se benefician del dinero destinado a la guerra. El gobierno federal ha creado un fondo adicional llamado “El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” (FASP) de 600 millones de dólares para las 32 entidades federales. Los objetivos del FASP son el “reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados a tareas de seguridad pública”, y el equipamiento de las fuerzas policiales de las entidades federativas, establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública, etc.5 La opacidad en ejecución de este fondo ha sido criticada por organizaciones no-gubernamentales que indican que la falta de transparencia incrementa la desconfianza hacia las fuerzas de la seguridad pública. En 2010, según el Latinobarómetro 8 de cada 10 mexicanos desconfiaba de la policía.6 La percepción de corrupción en las policías se confirma día a día en las noticias.

Autodefensas y/o policías comunitarias

Si el nivel de desconfianza es muy elevado en la capital, en las zonas rurales suele ser total. Han sido comprobados varios casos de infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública. En consecuencia, en los estados con alta actividad de grupos criminales organizados, como Michoacán y Guerrero, surgieron grupos de policía comunitaria, con el sobrenombre de “autodefensas”, lo que alarmó al gobierno y al público en general por las similitudes con las autodefensas en Colombia.

La sensación de abandono e ineficacia de los cuerpos de seguridad han llevado desde principios 2013 a la creación de las policías comunitarias en Guerrero. El pasado mes de julio, el “narco” obligó a más de 1000 personas a abandonar sus hogares en 3 comunidades del estado. Tres días de disparos, el asesinato del subdirector local de Seguridad Pública, secuestros y destrucción de propiedades, provocaron el éxodo de la población que decidió no cooperar con el narco en su exigencia de paso libre por sus tierras.

En abril de 2013, el actual gobernador, Ángel Aguirre y líderes de las autodefensas firmaron un pacto, buscando en cierta forma la legalización de las policías comunitarias y definir que tipo armas podría llevar. Eso no fue del agrado del gobierno federal, que quiere tener monopolio del uso de la fuerza armada, especialmente si se trata de armas de alto poder.

El pasado 5 de agosto, en Costa Chica estado de Guerrero militares desarmaron y detuvieron a 2 miembros de las autodefensas por llevar armas de alto poder, luego un convoy militar fue retenido con un centenar de militares por más de 24 horas, exigiendo la liberación de sus dos compañeros, y acusando a un capitán del ejército de vínculos con el crimen organizado.

En el estado de Michoacán, las autodefensas surgieron en un ámbito diferente. Tras las constantes confrontaciones entre 2 bandas se crearon los “vigilantes”, acusados de cooperar con el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Después de la detención de 34 miembros de las autodefensas en el municipio de Buenavista Tomatlan, los comuneros acusaron a la policía de actuar a favor de los Caballeros Templarios Michoacanos, el cartel dominante en la región. Michoacán es la zona más “caliente” del país, especialmente desde el pasado 28 de julio de 2013 con el asesinato de un almirante de la Marina y su escolta en una emboscada.7

Los migrantes, las víctimas invisibles

A parte de los propios mexicanos, quienes transitan por el país son víctimas del conflicto armado. La mayoría de migrantes son centroamericanos que huyen de la desesperación económica o de las amenazas de las “maras”, relacionadas al cartel de los Zetas. Entre 2006 y 2012 más de un millón de migrantes indocumentados entraron en México por la frontera sur, la mayoría con la intención de llegar a la frontera norte, donde esperan los “coyotes” que por 10.000 mil pesos (unos 900 dólares) los llevan al otro lado de la frontera. Desde el país de origen puede costar hasta 3000 dólares.

Gran parte de los migrantes sin documentos, ni protección legal son presa fácil para cárteles que controlan vastos territorios en México y rutas migratorias. Las familias de migrantes secuestrados son extorsionadas, y muchas veces, aunque pagan por la libertad de su familiar, jamás reciben noticias de él o ella. Según la Cámara de Diputados de México, unos 6.000 migrantes desaparecen al año en su travesía por México a Estados Unidos8. Un caso especialmente atroz fue el descubrimiento de 72 migrantes asesinados en un rancho en Tamaulipas, en agosto de 2010, luego de un enfrentamiento armado entre la Armada de México y grupo de delincuencia organizada.

Muchos migrantes secuestrados acaban siendo sus “mulas”, portadores para introducir drogas al territorio estadounidense. Las patrullas norteamericanas detienen alrededor de 400.000 personas cada año. Muchas personas mueren en el camino tras 3 o 4 días por el desierto de Arizona o Nuevo México. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, 463 migrantes murieron sólo en el período de septiembre 2011 a septiembre de 20129.

¿”La frontera más militarizada del mundo”, o la frontera por la que más armas pasan?

La respuesta estadounidense fue la creación de un muro fronterizo, que tendrá más de 1100 km de longitud, y separará México de USA. Según John McCain, ex-candidato a la presidencia de EEUU, el muro superará al de Berlín y la convertirá en la frontera más militarizada del mundo.10 Muchos expertos en ambos lados, piensan que el muro no solucionará el problema de la migración. Además, ecologistas alertan que también cortará migraciones de animales ya que separará su hábitat natural en dos. No se sabe cuál será el gasto exacto de construcción pero habrá 13.000 millones de dólares exclusivamente para “mejorar la estrategia de la frontera sur”, a los actuales 21.000 agentes fronterizos se les añadirán 19.000 adicionales.

Mientras la droga y los migrantes suben al norte, las armas bajan de EEUU al sur. El ex-presidente mexicano, Felipe Calderón, instó a autoridades de EEUU a cortar el flujo de armas y dinero a grupos criminales, recordó que de 100.000 armas decomisadas durante su mandato, 90% procedían de allí. Según WikiLeaks, el gobierno estadounidense sostiene que “las armas más letales y poderosas compradas ilegalmente por el crimen organizado en México, entre ellas equipo tipo militar de grueso calibre, no entran por la línea divisoria entre ambos países, sino provienen de los arsenales de los ejércitos de Centroamérica y son contrabandeadas por la frontera sur, a través de los cruces mal protegidos y peor vigilados por las autoridades mexicanas locales y federales”11

No obstante, las ciudades mexicanas fronterizas con EEUU son las más violentas, y con mayor número de homicidios. En 2011 hubo 2086 asesinatos sólo en Ciudad Juárez, y aunque disminuyeron en 2012 – hasta 750, es de los más elevados del país.

México lindo y militarizado hasta los dientes

En México es normal la presencia de personas armadas. Los militares pasan en camiones por avenidas principales, incluso en zonas turísticas. Los policías locales patrullan con escopetas en las calles, y los federales con armas de gran calibre en las partes posteriores de sus camionetas. Los incalculables miembros de agencias de seguridad privada se pueden ver literalmente en cada esquina vigilando bancos o incluso tiendas. A diferencia que con la policía, la población tiene mucha confianza en la Marina (el 79%) y el Ejército (75%)12.

Algunas asociaciones civiles piden un control estricto de armas13. Entre ellas es El Movimiento por la paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta mexicano Javier Sicilia, que, después de que su hijo fuera asesinado por miembros de la delincuencia organizada, llamó a la sociedad mexicana a manifestarse en contra de la violencia perpetuada por parte de estas bandas, pero también contra la que se produce por parte de los cuerpos de seguridad pública. En 2012, Sicilia organizó una gira llamada “La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad” por 25 ciudades estadounidenses, para explicar a los estadounidenses las consecuencias que la “guerra contra las drogas” tiene sobre la situación en México, y la catástrofe humanitaria que produce en ese país.
La Caravana concluyó en Washington DC, llamado por Javier Sicilia “un punto de llegada pero también un punto de partida”.

Artista mexicano Pedro Reyes, por su parte, organizó acciones para convertir armas decomisadas en algo que podría servir a la comunidad. Uno de los proyectos fue “Palas por pistolas”14 que transformó 1527 armas en 1527 palas para sembrar 1527 árboles. Después, el artista organizó dos acciones más llamadas “Imagine” y “Disarm” en las que convirtieron armas decomisadas en instrumentos musicales.

Familiares de los/las desaparecidos/as organizan protestas y marchas en las calles principales de la capital mexicana, y a menudo organizan acampadas en frente de las instituciones federales que consideran responsables por no brindar la seguridad a la ciudadanía, reclamando acciones urgentes para encontrar sus familiares desaparecidos de manera forzada.

Sin embargo, muchos movimientos sociales alternativos ven con simpatía a grupos armados auto-organizados, especialmente los vinculados a las comunidades indígenas. La sensación es que el antimilitarismo y el pacifismo, en sus formas más ortodoxas, no encontrarían tierra fértil en México, pero depende de nosotros si intentaremos o no hacer posible lo que actualmente pueda parecer imposible.

Notas

Publicado en El fusil roto, Septiembre 2013, No. 97

 

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