Relación entre militarización e industrias extractivas. Una mirada desde América Latina

Lexys Rendón

Entre los años 2003 y 2013 mientras en el resto del mundo se experimentaba una ola de crisis económica, América Latina mostraba, en cambio, buenos indicadores económicos. El continente se benefició del llamado “boom del precio de materias primas”, debido a que sus históricos y principales productos de exportación, hasta el día de hoy, son recursos energéticos como el petróleo, el gas, el carbón y otros minerales. En el año 2011, por ejemplo, de las 20 principales empresas de Latinoamerica 13 pertenecían a los sectores petroleros, gasíferos, mineros y siderúrgicos. El dinero que ingresó al conjunto de los países logró disminuir los índices de pobreza en la región. En el año 2012 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirmó que el continente mostraba el porcentaje de pobreza más bajo (28,8% del total de la población) de sus últimos 30 años.

No obstante, los altos ingresos económicos no sólo fueron destinados a programas sociales para reducir los índices de pobreza extrema. También fueron destinados para modernizar a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos mediante un aumento significativo de la compra de armamento. En un estudio realizado por Laboratorio de Paz, en base a las cifras del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se conoció que América Latina había aumentado en un 150% la compra de armas, gastando entre los años 2000 al 2010 la cifra de 13.624 millones de dólares. Los gastos militares a nivel mundial en el 2012 llegaron a 1.7 billones de dólares, o 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) global. En América Latina, el gasto en defensa fue de aproximadamente el 4% de su PIB total, por encima del promedio mundial.

A su vez, existe una relación clara entre la profundización de una economía primario-exportadora basada en la intensificación de las empresas extractivas, tanto por gobiernos de “izquierda” como de “derecha”, y el aumento de la militarización de los territorios donde estas se encuentran. Sobre esto, el investigador y periodista uruguayo Raúl Zibechi ha dicho: “No hay extractivismo sin militarización de la sociedad… Esto no es que sea un error, la militarización es parte de modelo. No hay minería a cielo abierto, mega minería, sin militarismo. Uno puede no verlo en la ciudad donde vive, si vive en la ciudad, pero si se acerca un poco verá un entorno cada vez más militarizado”.

Entendemos la militarización no sólo como la presencia física de los miembros de las Fuerzas Armadas en un territorio determinado sino también el crecimiento de la influencia de los valores propios de los militares dentro de la sociedad. Si calificamos al período transcurrido entre los años 2003 a 2013 en América latina como la “década extractivista”, podemos afirmar que después de esos 10 años la región se ha militarizado mucho más. Esta se expresa no sólo en los altos presupuestos destinados al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el aumento en la compra de armamentos, sino también en un proceso de criminalización de la protesta pacífica de los movimientos sociales, líderes populares, comunidades e indígenas que las impulsan, práctica común en varios países. Este proceso de criminalización incluye la reforma, la creación y las propuestas actuales de leyes que establecen como delitos estrategias históricas de lucha de los movimientos populares latinoamericanos, como la huelga, el cierre de calles o el uso de máscaras o capuchas por parte de los manifestantes. Gobiernos latinoamericanos de diferente ideología, como Chile, Argentina, Venezuela o Ecuador, han aprobado leyes antiterroristas influenciadas por el espíritu del 11 de Septiembre en Estados Unidos y la visión maniquea y militarista mediante la cual el gobierno de George W. Bush enfrentó el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York. Se declaran “preventivamente” enemigos internos y externos todos aquellos que ejercen actos contrarios a los intereses supremos del Estado y la nación.

En contraparte, la expansión del Cuando se observa las razones por las cuales las poblaciones latinoamericanas se están movilizando por sus derechos, encontramos que son las comunidades indígenas y campesinas las que encabezan las protestas contra proyectos de megaminería en territorios militarizados. extractivismo y el militarismo han generado amplias resistencias sociales en todo el continente. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Perú, durante el 2012 existieron 184 conflictos regionales activos, cinco de ellos transfronterizos, involucrando a 253 comunidades afectadas. Algunas de las principales demandas de los movimientos tienen que ver con la tierra en la que viven: La demarcación y entrega de territorios a las comunidades indígenas, la exigencia del derecho a ser consultados antes de realizar proyectos de extracción energética, la realización y difusión de estudios de impacto ambiental, la movilización por la contaminación de los suelos, el agua y el aire como consecuencia de la actividad extractiva. Hoy en día muchos líderes indígenas y campesinos, así como activistas de derechos humanos, han sido detenidos por participar en una manifestación y están siendo sometidos a juicios en tribunales que no garantizan una justicia independiente. Algunos manifestantes han sido asesinados por la policía o militares, y sus muertes quedan en impunidad ante la falta de sanción a los responsables.

En América Latina los retos para los antimilitaristas son múltiples. Uno de ellos es continuar reflexionando, investigando y visibilizando la vinculación entre estas dos dimensiones, el extractivismo como modelo de desarrollo hegemónico tras el eclipse del neoliberalismo en la región y la militarización de los cuerpos y los territorios, puntos de contacto que no siempre están claros ni para los activistas ni para la propia sociedad.

En segundo lugar creemos que el antimilitarismo integral, que es la propuesta de una sociedad cuyo funcionamiento sea en base a valores diferentes al militarismo, puede aportar una mirada que, desde otro lugar, realice análisis y propuestas que superen las limitaciones del debate ideologizado entre la “izquierda” y la “derecha”, categorías que como hoy sabemos coinciden, por lo menos en el caso latinoamericano, en el culto al ejército, considerar lo diferente como una amenaza, como un enemigo, y en el uso de la fuerza y el monopolio estatal del uso de las armas como métodos para resolución de conflictos.

Luego está en nuestra experiencia acumulada en el uso de la acción directa noviolenta como promotora del cambio cultural, social y político en la sociedad. Debido a su propia historia y los referentes de movimientos de liberación nacional que utilizaron la lucha armada para enfrentar los diferentes colonialismos, los movimientos sociales en la región siguen teniendo como referentes a las guerrillas y los líderes guerrilleros o militaristas como el Che Guevara o Simón Bolívar. Parte de la estrategia de criminalización de los Estados es obstaculizar los mecanismos democráticos y pacíficos de protesta para que los manifestantes recurran a métodos violentos, lo cual luego utilizan para realizar una campaña propagandística de criminalización precisamente por el carácter “violento” o “terrorista” de quienes protestan, lo cual termina aislándolos y fragmentando al propio movimiento. Los antimilitaristas podemos y debemos acompañar esos movimientos legítimos, de base, de lucha por la tierra, el medio ambiente, por espacios de participación y de goce de derechos humanos tratando de aportar en la ampliación del abanico de posibilidades de incidencia y cambios reales desde la noviolencia.

Publicado en El fusil roto, diciembre 2015, No 104