Chile, lo que hacen los pueblos: despinochetizar el país, desmilitarizar la constitución
El proceso constituyente y el fin de la constitución de Pinochet es parte y efecto de la revuelta social
La reciente elección chilena de representantes para la Convención Constitucional (CC), ocurrida conjuntamente con elecciones municipales y regionales, expresó con fuerza el empuje de la revuelta social en Chile, a un año y medio de su inicio en octubre de 2019. Su fuerza y vigencia se expresó en varias cosas. En primer lugar, en la irrebatible derrota de la derecha, abandonada por su electorado a favor de representaciones a la izquierda. En segundo lugar, en la opción antipartidista representada por la también irrebatible victoria de las listas de candidatos/as independientes a la constituyente y a los gobiernos locales. Esto se acompaña con al empuje del antilectoralismo, que alcanzó cuotas de más de la mitad del electorado. De esta manera, podemos ver que el proceso constituyente – incluida la CC – en su seno al menos dos elementos constiyuyentes de las memorias y propuestas anarquistas1, y que se han hecho sentido común en los pueblos que habitan el Estado chileno: el antipartidismo y el antielectoralismo. Se reconoce y denuncia el control de la élite sobre los partidos y el sistema electoral, y ambos son considerados como parte importante de nuestros problemas y cómo límites impuestos para la transformación del país. . Apenas se les da el crédito a las elecciones de ser cierta confirmación estadística del estado de las cosas en el Chile revolucionario actual.2. La paridad de género en la CC fue expresión de la lucha de las mujeres y de los feminismos, mientras los escaños reservados para pueblos originarios lo fue de las luchas de esos pueblos. En este último caso, las limitaciones impuestas por la derecha implicaron fuertes limitaciones, se expresa, entre otras cosas, en la paridad lograda para la proporcionalidad de constituyentes. La lucha de los pueblos indígenas también influenció el proceso, aunque con fuertes limitaciones impuestas por la derecha. Pese a estos logros, son numerosas las luchas, demandas y sujetos excluidos de la CC Con todo, la CC es la representación política más realista nunca habida en Chile en un proceso formal de nivel estatal, lo que se debe al empuje revolucionario que instaló la revuelta social chilena.
La derrota de la constitución de Pinochet en octubre de 2019 fue un ineludible efecto político de la revuelta social. Fue sacrificada para evitar el derrocamiento del presidente Piñera, por medio de un pacto entre partidos de gobierno y oposición – el llamado Pacto por la Paz y la Nueva Constitución – que buscó inútilmente encausar el proceso revolucionario. Sin embargo, sabemos que fue al revés: la energía del proceso revolucionario fue la que abrió el camino del proceso constituyente3 y empuja para desbordar las limitaciones institucionales creadas al alero del pacto. Es lo que observamos en el triunfo coordinado y coherente de las posturas revolucionarias del antipartidismo y del antilectoralismo en las recientes elecciones.
La muerte de la constitución de Pinochet, ratificada por el 78,3% de los votos en el plebiscito de octubre de 2020, es un triunfo de las memorias de las resistencias ante las violencias ejercidas por la dictadura y por los gobiernos que la siguieron. En el plano simbólico, puede entenderse como un gran acto colectivo de reparación social.
Las múltiples resistencias a la dictadura, que buscaban deshacerse de Pinochet, su institucionalidad y su legado, fueron derrotadas por la transición cuyo componente de continuidad dictatorial fue inmensamente superior al componente de cambio La impunidad para represores, torturadores, asesinos y delatores sigue siendo una constante. La transición creó y gestionó una institucionalidad democrática para reprimir, encarcelar, exiliar y asesinar. Las operaciones políticas para desactivar la protesta, el fortalecimiento del poder económico del empresariado, la enorme tolerancia e incluso legitimidad del partido militar – dirigido por Pinochet, comandante en jefe del ejército, hasta 1998 – , así como el secuestro del 10% de los ingresos de la minería publica del cobre para ser entregada sin condiciones a las Fuerzas Armadas, dieron continuidad a la dictadura militar, y fueron posibles gracias a la continuidad de la represión de la cualquier forma de disidencia
La revuelta social denunció y resistió a esa transición militarizada con su “No son 30 pesos, son 30 años”. Recuperó la memoria de luchas del pasado como una forma de reparación social a quienes fueron perseguidos/as, encarcelados/as, torturados/as y/o asesinados/as por oponerse activamente al pacto transicional. Recuperó una una historia incómoda, ingrata pero victoriosa, que tuvo su mayor visibilidad en las luchas estudiantiles iniciadas con el mochilazo de 20014
La objeción de conciencia en la nueva constitución: una forma de reparación social y una garantía del Nunca Más
La instalación del derecho de objeción de conciencia en el proceso constituyente y en su producto constitucional es una acción de reparación social de las violencias represivas ejercidas durante la dictadura, la transición y la revuelta social.
El derecho a negarse a seguir la orden de violar los derechos humanos – torturar, asesinar, detener ilegalmente, hacer desaparecer – posibilitará dos cosas. En primer lugar, no prestarse para ejercer daño social en nombre de cualquier autoridad u orden escrita o reglamentada que siga ese propósito. La segunda, que ningún/a funcionario/a público/a tenga el refugio canalla de la “obediencia debida” como excusa para cometer crímenes de lesa humanidad.
Instalado en forma clara, sencilla y precisa, el derecho constitucional de objeción entrega el respaldo a la desobediencia de órdenes que violen los derechos de otras personas, incluyendo la limitación del ejercicio de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Al reconocerse el límite de la conciencia propia como límite a órdenes contrarias a la dignidad humana, cada persona asume una responsabilidad ineludible e inexcusable al dar (o no) consentimiento a esas órdenes, obedeciéndolas. La objeción de conciencia constitucional asegurará por un lado la facultad de impedir el daño no colaborando con su realización. En caso de que este ocurra, asegurará una verdad y justicia más expedita al quitar la sombra de la colaboración obligada.
El fin de la impunidad, la verdad y la reparación social de los efectos de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura, la transición y la revuelta, son una necesidad social y política, y constituyen la única garantía posible de no repetición. La objeción de conciencia forma parte de este proceso.
La OC no puede ser excusa para atentar contra los derechos de las mujeres
Actualmente en Chile, el derecho a la OC es usado como restricción del derecho al aborto, permitiendo que funcionarios/as de salud – incluso trabajadores del sistema público – apelen a él para negarse a interrumpir embarazos. Es decir, niegan a las mujeres el ejercicio a decidir sobre la maternidad.
El derecho de objeción de conciencia debe establecerse en la constitución de manera explícita, sencilla, directa y amplia. Considerando que en las violaciones a los Derechos Humanos no sólo participan militares, sino que se llevan a cabo con la participación de civiles, la OC debe superar la especificidad de la objeción al servicio militar.
La OC es un derecho individual que defiende de violaciones a los derechos humanos y esa es la claridad básica de su traducción como norma constitucional. Como hemos dicho, hace referencia a normas obligatorias y sobre todo mandatos que violen los derechos de otras personas. Esto implica que no puede usarse como argumento para restringir el derecho de otras personas, y que en ningún caso es un derecho institucional, colectivo o grupal.
La OC y Los Derechos Humanos son parte de la desmilitarización de la constitución
El derecho humano de Objeción de Conciencia deberá formar parte armónica y coherente de una constitución basada en los Derechos Humanos, económicos, sociales culturales y ambientales. Visto como un abanico cerrado de derechos, será el punto de partida y cierre en tanto que garantiza la defensa de los otros, permitiendo que sea ejercido como una práctica autónoma que no depende de una institucionalidad. Su sólo ejercicio actúa como defensor de todos los otros DDHH y DESCA que se instalen constitucionalmente, asegurando una constitución coherente y sobre todo desmilitarizada.
La militarización de la sociedad es la forma en que los Estados, todos – incluso aquellos que se definen a sí mismos como democráticos – abandonan la defensa de los derechos humanos a favor de la lógica del ejercicio táctico, estratégico y profesional de la violencia armada, que es por definición antidemocrática. La militarización de la sociedad implica la abolición de los derechos humanos, de la participación política, de la empatía social y socava la construcción social de comunidades libres, autodeterminadas, empáticas, participativas y solidarias. Permite a los Estados usar a las FFAA como freno socio cultural a las prácticas auto-gestionadas. La mano militar es el recurso permanente y sostenido de su reflejo económico; el capitalismo neoliberal depredador de estos tiempos, que actúa simétricamente con lógicas de abolición de derechos (incluso el de propiedad –que no sea de los grandes propietarios).
Construir una constitución desmilitarizada, con un pilar en el derecho de Objeción de Conciencia, permitirá persistir en procesos de autodeterminación comunitaria y efectiva participación política solidaria y empática. Un ejercicio revolucionario que hace eco de lo que se viene viviendo en las calles chilenas desde octubre de 20195. Desde una perspectiva solidaria e internacionalista, será un aporte de los pueblos que habitan Chile a la jurisprudencia latinoamericana-caribeña y mundial de ddhh, ampliando la definición actual que lo restringe al Servicio Militar Obligatorio6 (SMO), lo que es expresión de la la influencia del militarismo en la región
El problema político de una constitución desmilitarizada
Lamentablemente forman parte de la CC de Chile un ex almirante, representantes de partidos y organizaciones del status quo militarista, y otros/as actores/as que no tienen una postura clara respecto al carácter antidemocrático del militarismo.
Los denuncias de robos, las estafas, así como la corrupción de militares y policías en los últimos años7 han develado los privilegios e impunidades que entraña la influencia militar en la república chilena. Los robos y desfalcos tienen un mayor impacto en la opinión pública de los crímenes cometidos al interior de esas instituciones8.
El militarismo en Chile es un poder fáctico que hará constar sus privilegios en la constituyente. Dotados de personal, recursos, redes y contactos, los institutos militares hacen lobby mediante el control que tienen de parte de la academia con eco en la prensa9, buscando controlar la agenda constituyente. Han contribuido a crear una cultura y un sentido común que legitima su rol en la sociedad y oculta su carácter antidemocrático. El presupuesto militar será usado para aceitar ese lobby militarista sobre la constituyente con el fin de mantener, aggiornado, el lugar determinante que ocupa hasta hoy en el Estado chileno y que es el freno para salir de las lógicas antidemocráticas. No se trata sólo de impedir que quien tenga intereses en el tema militar, ya sea como activo participante, jubilado o asesor de las FFAA, debata y decida en esos temas, sino que además estar alerta a la tentación de dar por hecho, considerar como natural y lógico que haya y existan unas fuerzas armadas y represivas en Chile. Esto es tomar en serio la idea de una constitución que parta de una hoja en blanco.
En Chile la desmilitarización la hacen los pueblos.
La constituyente debe seguir el ejemplo desmilitarizador de los pueblos de Chile. El proceso revolucionario iniciado en la revuelta social de octubre de 2019 es al mismo tiempo un proceso desmilitarizador y de reparación social a las víctimas, sobrevivientes y resistentes a esa militarización, incluso frente a la enorme violencia desplegada por el gobierno Piñera a través de las FFAA y policiales.
Actualmente, y con la pandemia como argumento legitimador de un estado de emergencia que ha durado ya 15 meses, la militarización activa que dicho gobierno sostiene mantiene una fuerte presencia militar en todo el país, y también en las fronteras controlando una inventada crisis migratoria. Otra variante de esta a es la aguda militarización de Carabineros, tanto en su actuar en el Wallmapu como ante las protestas urbanas, con adquisición urgente de nuevos armamentos. La pandemia asimismo ha sido usada para lavar la cara represiva de lo militar usando los transportes aéreos militares para el traslado de pacientes.
Con todo eso el gobierno no ha podido frenar la revuelta social, ni pudo frenar la derrota electoral de la derecha ni de los partidos que controlaron la transición y la continuidad del militarismo. La insumisión frente al reclutamiento policial se inició en la revuelta de octubre de 2019, recogiendo y ampliándo una larga historia de insumisión antimilitarista chilena10. La caída de la constitución de Pinochet es el primer logro desmilitarizador del proceso revolucionario que se vive en Chile, y la constituyente debe decidir si forma o no forma parte de ese proceso estableciendo la Objeción de Conciencia como un derecho que se articule en torno a la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición para la absoluta mayoría de habitantes de Chile-
La desmilitarización de la constitución chilena es un proceso se está haciendo en todos los espacios políticos de participación política real, concreta, no jerárquica, no competitiva, no patriarcal y machista. Es decir, cooperativa y colaborativa, como las asambleas territoriales, las líneas que luchan en calles y plazas, las ollas comunes y todas las experiencias organizativas comunitarias de apoyo mutuo que actualmente se cran y recrean en esos territorios.
Pelao Carvallo
Isabel Piper Shafir
8 de junio de 2021.
Grupo de Trabajo CLACSO “Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia”.
El texto original en el siguiente enlace:
1 https://www.elciudadano.com/columnas/el-anarquismo-en-la-region-chilena-ante-el-plebiscito-de-abril-si-es-que-se-hace/03/16/
2 De esto hablamos largo y tendido hace un tiempo por si alguien quiera ahondar, en la conferencia La Influencia anarquista en el proceso constituyente chileno https://www.facebook.com/1421886927880165/videos/289913749531895
3 https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020/10/13/la-constituyente-esta-sesionando-desde-octubre-de-2019-en-la-calle.html
4 https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/05/09/mochilazo-2001-un-camino-que-no-se-cierra-en-la-constituyente.html
5 https://www.elciudadano.com/columnas/por-que-la-gente-votara-en-chile-en-abril/02/24/
6 Sobre el estado actual de la OC https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31649.pdf https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_sp.pdf y una guía de ejercicio del derecho: https://co-guide.org/es/gu%C3%ADa-del-sistema-internacional-de-derechos-humanos-para-objetores-de-conciencia
7 https://www.ciperchile.cl/2019/03/08/otro-lunar-en-las-platas-del-ejercito-el-turno-de-los-millonarios-fondos-para-la-vivienda/ y https://www.latercera.com/nacional/noticia/fraude-carabineros-llega-28-mil-millones/128295/ sólo como ejemplos
8 https://www.chvnoticias.cl/reportajes/padres-de-conscripto-exigen-justicia-a-20-anos-de-su-muerte_20161214/ y https://www.antimilitaristas.org/Velaton-por-la-Matanza-de-Antuco.html
9 https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/05/29/donde-estamos-en-defensa-seguridad-y-relaciones-exteriores/
10 https://wri-irg.org/es/articulo/2017/ni-casco-ni-uniforme-20-anos-1997-2017
