“No todos estamos aquí: Faltan 43”: La Delegación de Ayotzinapa en Europa
A mediados de 2015, una delegación mexicana visitó varios países europeos para hablar de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y de la campaña para conseguir que vuelvan vivos.
Cornelia Grabner
Del 16 de abril al 20 de mayo de 2015, una delegación mexicana del estado de Guerrero visitó varios países europeos. Los miembros de dicha delegación – Don Eleucadio Ortega, Omar García y Román Hernández – hablaron de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela para formación de profesores de Ayotzinapa, y de la campaña que se ha llevado a cabo para conseguir que vuelvan vivos. Entre los tres representaban la visión de las familias (el hijo de Don Eleucadio es uno de los 43 desaparecidos), de los compañeros, como Omar García, y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, representado por Román Hernández. Hubo también otras delegaciones que viajaron por los Estados Unidos y por Sudamérica.
Los estudiantes, padres y Y MADRES y el Centro de Derechos Humanos decidieron hablar a la sociedad civil internacional en lugar de con los gobiernos cuando las autoridades mexicanas cerraron el caso de los estudiantes a finales de enero de 2015. “Teníamos que mostrarle a la sociedad internacional que nuestra petición de que los estudiantes regresen vivos es válida a pesar de que el gobierno dice que han muerto y de que la cobertura de los medios de comunicación haya disminuido”, explica Hernández. “En la actualidad hay 43 familias en México buscando a sus hijos y nosotros responsabilizamos al gobierno mexicano.”
El 26 de septiembre de 2014 la policía y tres hombres armados atacaron a un grupo de estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero. Mataron a seis personas e hirieron a otras veinte. Después la policía se llevó a 43 estudiantes. Desde entonces sus familias, compañeros y el público general desconocen su paradero. En enero de 2015 las autoridades mexicanas publicaron el resultado de su investigación: policías corruptos entregaron a los estudiantes a una banda de narcotraficantes que los asesinó, incineró los cuerpos bajo la lluvia en un vertedero de Cocula y arrojó los restos de los estudiantes a un río. Las pruebas son un diente y un fragmento óseo de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, encontradas en el río y los testimonios de las personas detenidas (entre ellas, policías) acusados de delitos como el secuestro, la extorsión y delitos relacionados con el tráfico de drogas. Nadie ha sido acusado de “desaparición forzada” que es un crimen de lesa humanidad y podría ser investigado por tribunales internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un equipo de cinco miembros a la región en la primavera de 2015 que recomendó que el gobierno continúe con la búsqueda de los estudiantes, continúe con la investigación
y abra nuevas líneas de investigación como el interrogatorio
de los miembros del 27o Batallón de Infantería del ejército mexicano;
que además proporcione una mayor atención a las víctimas e introduzca públicas que acaben con las políticas causas de las desapariciones forzadas.
La desaparición forzada es un crimen atroz. Agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado – esa es la definición establecida en los acuerdos internacionales de derechos humanos – secuestran a sus objetivos y los trasladan a lugares fuera de la ley, como los centros de detención clandestinos. Las autoridades se niegan a proporcionar información sobre su paradero y así, tanto los “desaparecidos” como sus allegados dependen, cada uno a su manera, de los autores del delito y de sus cómplices para sobrevivir o recibir información. La desaparición forzada crea una suspensión que ondula a través de la red emocional y política de los secuestrados. El escritor y activista Urs Fiechtner de Amnistía Internacional Ulm ha trabajado y publicado sobre el tema de los secuestros forzados desde principios de los años 70. Con respecto a los últimos 45 años, identificó dos grandes cambios: en la actualidad es más difícil demostrar la culpabilidad de los autores del crimen, y la opinión pública se vuelve contra las víctimas con gran facilidad. Según Fiechtner, durante los años 70 y 80 en Sudamérica, la responsabilidad de los respectivos gobiernos en las desapariciones forzadas estaba bastante clara. Empezando desde Colombia y hacia el norte, la responsabilidad del gobierno siempre ha sido borrosa debido a que algunas desapariciones forzadas eran llevadas a cabo por actores no estatales, y la conexión entre los grupos paramilitares o el crimen organizado y el Estado es difícil de demostrar. En el siglo XXI, la falta de claridad se convierte en una característica típica de las desapariciones forzadas. Claudio García, uno de los encargados de organizar la visita de la delegación al Reino Unido, habla de esto dentro del contexto mexicano actual: “El Estado neoliberal obedece al capital transnacional”, dice, “los gobiernos en las empresas privadas y en ocasiones utilizan los cárteles. No debemos olvidar que los cárteles funcionan como empresas, con la excepción de que lo hacen fuera de la legalidad. Ahora estamos tratando con el Estado, capital transnacional y corporaciones, y con el crimen organizado. Las líneas qules separan suelen ser borrosas y el caso de Ayotzinapa es un ejemplo de ello.” El gobierno sigue siendo responsable de la protección de sus ciudadanos, pero los gobiernos neoliberales a menudo se niegan a actuar acorde a esta responsabilidad.
El segundo cambio se refiere al debate público. Con el inicio de la llamada “guerra contra el terrorismo” y la difusión de las conocidas como “guerras contra las drogas”, gente que se manifiesta en contra del status quo cuando entraña la violación de sus derechos o principios, son agrupados con terroristas y criminales. A finales del siglo XX, los activistas podían apuntar a las víctimas de las desapariciones forzadas como aquellas personas que habían resistido la opresión y luchado por la justicia. Hoy en día, existe un clima público en el que las víctimas se convierten fácilmente en sospechosos y se les culpa: se mezclaron en “algo”, ya sea el crimen organizado o hechos difusos metonímicamente conectados con el “terrorismo”. Esto ha derivado en lo que Fiechtner describe como una “despolitización perversa de la persecución política en el debate público”, y facilita lo que Román Hernández llama, en referencia a estudios recientes, la “victimización secundaria”: se responsabiliza a las víctimas de las desapariciones forzadas, o a aquellos que les buscan, de las atrocidades cometidas contra ellos. Esta es una característica muy clara en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa – tan clara que Claudio García identifica la denuncia de culpabilizar a las víctimas como uno de los elementos principales de la visita de la delegación.
Estudiantes de las escuelas rurales normales como la de Ayotzinapa se resisten al status quo neoliberal. Los valores pedagógicos de estas escuelas promueven las identidades culturales y modos de vida rurales y atiende a las más pobres y, a menudo, a las zonas más remotas del país; en algunas zonas, como en Guerrero, la media de escolarización es de 2,5 años. El programa escolar incluye producción agrícola, cultivos locales, educación física, pedagogía, conocimiento académico y educación cívica.
Una vez que se encuentran en sus puestos, los profesores facilitan el desarrollo autónomo de las comunidades locales, el empoderamiento cívico y, cuando es necesario, participan en la organización política y tratan con las autoridades. No evalúan el rendimiento e imparten conocimientos especializados. Además, Ayotzinapa se encuentra en una zona rica en recursos naturales, entre ellos el agua y el oro. La explotación de estos recursos es la principal prioridad de las élites transnacionales, de los que están en el poder a nivel local y del gobierno mexicano – a expensas de la destrucción de la integridad cultural, social y territorial de la ruralidad que los normalistas promueven y protegen. La escuela ha apoyado las luchas de las comunidades de los alrededores, entre ellas la resistencia a un proyecto de una presa hidroeléctrica conocida como La Parota, minería a cielo abierto por parte de empresas transnacionales y los intentos comunitarios de tomar el control de la seguridad en los lugares donde el Estado la abandonó a manos del crimen organizado.
El compromiso de los estudiantes con la dignidad de la población rural, y a menudo indígena, les arroja contra todos aquellos para quienes las regiones rurales de Guerrero son sólo un trozo de terreno del que se pueden extraer recursos naturales para el beneficio de las áreas metropolitanas y la especulación de los extractores, y que quieren crear la población desposeída, careciente de poder y maleable necesaria para proporcionar mano de obra barata. Esto incluye el Estado neoliberal, los que están en el poder a nivel local, el crimen organizado y las empresas transnacionales. Retratando a los estudiantes y sus familias como vándalos, rebeldes y alborotadores es una manera de distraer a la opinión pública nacional e internacional del vandalismo social, ecológico y político – que a menudo ni se observa ni se relata – cometido por otros bajo la mirada pública.
El viaje de la delegación concluyó con una manifestación en Londres el 19 de mayo de 2015. Desde entonces, en toda Europa se han llevado a cabo acciones que se oponen a culpar a las víctimas y que exponen las acciones y omisiones del gobierno mexicano. En su última visita a Bélgica y Holanda, el presidente Enrique Peña Nieto fue recibido con una “malvenida” por activistas. Colectivos e individuos firmaron una carta al presidente francés François Hollande, exigiendo que retirase su invitación a Peña Nieto como invitado de honor a las celebraciones del 14 de julio. El año 2015 es el año Reino Unido-México, que se supone debe intensificar las colaboraciones entre ambos gobiernos. Estas colaboraciones – algunas de las cuales se encuentran en el área de “seguridad” – tienen que ser expuestas, como dice Hernández: “Le estamos pidiendo a la
gente que investigue y exponga la complicidad de los gobiernos europeos con el gobierno mexicano, y que exija el fin de dicha complicidad.”
Si las sociedades civiles y organizadores del Reino Unido y México intensifican sus nuevas y antiguas relaciones de solidaridad, la visita de la delegación puede marcar un nuevo comienzo basado en las afinidades entres las distintas culturas, como esperan tanto Claudio García como Román Hernández. Un momento crucial de la visita de la delegación fue cuando Don Eleucadio Ortega se levantó de la mesa donde estaba sentado con los otros miembros de la delegación y los intérpretes durante una reunión pública.
Con la foto ampliada de su hijo delante de él, y muy firme, el agricultor de café trilingüe, que ahora vive en la escuela de su hijo, habló en uno de sus dos idiomas indígenas. Nadie sabía traducir sus palabras – ni su amor y angustia tampoco. Sin embargo, en este encuentro cara a cara, facilitado por el viaje de la delegación y los entregados organizadores locales, pudimos sentir la intensidad que fluía de sus palabras. “Es gracias a gente como Don Eleucadio que podemos apreciar el mundo de diferentes maneras”, dice Claudio García. Cuarenta y tres personas que aprecian, cada una a su manera, un mundo con el que quieren acabar los que están en el poder, han sido secuestradas. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de traerlos de vuelta. Vivos.
