Declaración del Grupo de Afinidad Caracolito sobre el asesinato de niñas en Yvy Yaú

El miércoles 2 de septiembre, dos niñas de 11 años fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –conformada por las fuerzas armadas, la policía y agentes de la Senad antidrogas- durante una operación militar contra la supuesta guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los hechos ocurrieron en la estancia Paraíso, de Yby Yaú, Departamento de Concepción, Norte de Paraguay, zona que ha pasado años en Estado de Excepción y militarizada con la excusa del combate al EPP, combate que lleva más de una década y centenares de millones de dólares a costa del erario nacional paraguayo.

Ante el asesinato de las dos niñas declaramos que:

Este grave crimen cometido por agentes estatales y celebrado y justificado por el Estado paraguayo sucede en un país que vulnera sistemáticamente el derecho de la protección de la niñez y especialmente de las niñas, vulneración hecha incluso con recursos y posturas institucionales

Existen serias dudas sobre como la FTC realizó este procedimiento, el gobierno dice que hubo un seguimiento de inteligencia de meses, por tanto debían saber anticipadamente de la supuesta presencia de niñas en el supuesto campamento del grupo armado y podían tomar las precauciones y recaudos debidos para recuperar y proteger a esas niñas.

Cuando se informó sobre sus muertes primero se dijo que serían mujeres adultas integrantes activas de la dirección del grupo armado, posteriormente las imágenes que se trasmitieron muestran uniformes limpios, aparentemente sobrepuestos a los cuerpos estando las niñas ya fallecidas, se las enterró apresuradamente como NN, las ropas fueron quemadas con la excusa de unos protocolos por Covid19. Se les entierra sin siquiera realizar la identificación o un examen serio a las niñas, sin nombre, sin identidad, sin esperar a que familiares o deudos pidan los cuerpos para darle sepultura. El médico forense a través de una inspección ocular confunde cuerpos de niñas con adolescentes o adultas, lo cual no sorprende en un país donde se obliga a las niñas de 9, 10 años violadas a parir el producto de la violación. Todos estos hechos hablan de una situación irregular o sospechosa que debe ser investigada seria y neutralmente.

El discurso gubernamental y de la prensa para comunicar la muerte de las niñas consistió en revictimizar y estigmatizar a las mismas, diciendo que eran hijas de criminales, y formadas para ser miembros activos de un grupo criminal, siguiendo el discurso gubernamental en principio se refirieron a las niñas como mujeres adultas o adolescentes, pese a que actualmente se presentaron documentos legales que confirman que son niñas de 11 años. Este discurso mediático criminalizador es fomentado por un gobierno cuyo presidente fue al lugar del crimen y posó para fotos junto a quienes realizaron el fatal operativo, felicitándoles y celebrando los resultados del mismo.

En este caso en particular los derechos vulnerados a las dos niñas asesinadas son muchos e incluyen: el derecho a la vida, a la identidad, a la presunción de niñez (los medios y los forenses “oficiales” las describieron como adolescentes), a la protección integral para el correcto desarrollo de su niñez, el derecho a no ser estigmatizadas y castigadas por lo que hagan sus padres o tutores y finalmente a no ser revictimizadas y a la protección de su dignidad que incluye la protección de su imagen.

La prensa, siguiendo las comunicaciones del gobierno criminalizaron a las niñas y las culpabilizaron de su propia muerte, la cual festinaron, celebraron el asesinato diciendo que la operación había sido un “éxito” y que se habían “bajado” a dos guerrilleras. Este discurso está cambiando en parte debido a la evidencia de lo irregular de los hechos y a la constatación documental de la edad de las niñas.

Siendo niñas de 11 años según la legislación paraguaya ellas eran inimputables dado que la ley paraguaya dicta que por su edad no tenían capacidad de autodeterminación ni entendimiento de reprochabilidad personal. Aparentemente su asesinato tiene más bien que ver con lo que hacen sus padres, pues suponen que forman parte del grupo armado, esto es estigmatización y criminalización contra niñas, niñas y adolescentes.

No debemos olvidar que las fuerzas armadas y policiales paraguayas tienen un largo historial de vulneración de derechos a niñas que incluye los abusos sexuales, donde el Estado paraguayo nunca ejerció su supuesto rol de protección a la niñez.

Creemos que pese a la campaña de amedrentamiento que el gobierno y el partido de gobierno realizan contra quienes piden verdad y justicia para las niñas muertas, la sociedad y los pueblos de Paraguay deben exigir con fuerza el fin a una cultura que permite el asesinato impune de las niñas y adolescentes, cis y trans.

No nos quedaremos calladas

Acción Directa Caracolito, Septiembre de 2020